Luis Ariel Carpio Galindo.

A finales el mes de enero se sucitó una controversia a raíz de la intensión del Ministerio de Cultura de quitarle al distrito la administración del patrimonio histórico y cultural de la ciudad: murallas, fuertes, baluartes, reductos y castillos, bienes que son patrimonio histórico de la humanidad desde el año 1984.

El pleito fue a fondo y la posición del alcalde William Dau fue clara: mantener la administración de las fortificaciones en manos del distrito y negar las pretensiones de la Ministra de Cultura Carmen Vásquez.

Quienes estuvieron presentes en la reunión del pasado 28 de enero donde el alcalde Dau notificó al gobierno de su posición, dicen que la molestia de la ministra Vásquez fue más que evidente.

Veamos cuál es el debate.

En la actualidad los bienes patrimoniales de la ciudad son administrados por La Escuela Taller Cartagena de Indias, entidad del distrito. Pero no siempre fue así. Estos bienes toda la vida fueron manejados por la Sociedad de Mejoras Públicas, una empresa privada que tenía a su cargo las fortificaciones desde el año 1928. Pero fue el concejo el que en el 2012 le quitó el manejo de las fortificaciones a Mejoras Públicas y se lo entregó al distrito.

Fueron debates para alquilar balcón. Y no fue fácil quitarle el manejo de estos bienes a esta asociación de privados.

En aquel entonces, el actual Secretario del Interior David Múnera, quien para la época fungía como concejal del Polo, fue el que lideró la batalla en contra la ministra de cultura Mariana Garces, quien pretendía seguir dándole el manejo de las fortificaciones a Mejoras Públicas, mediante la figura del comodato.

Múnera demostró que la Ley 768 del 2002 autoriza a los distritos a manejar estos bienes patrimoniales y puso en evidencia la arbitrariedad de la ministra al pretender imponer un nuevo comodato a Mejoras Públicas sin cunsultarle al Distrito, en aquel entonces en cabeza del alcalde Campo Elías.

El debate del 2012 tuvo dos consecuencias. Por un lado, el Concejo le quita a Mejoras Públicas el manejo de las fortificaciones, y se lo entrega por primera vez al Distrito para que éste los administre por medio de la Escuela Taller Cartagena de Indias. Por otro lado, un hecho inaudito: el Concejo declaró “persona no grata” a la Ministra de cultura.

Gracias a este debate dónde ganó la ciudad, a  partir del 2012 el Distrito de Cartagena, asume la administración del patrimonio de la ciudad que genera a la ciudad ingresos por 17 mil millones de pesos anuales.

Pero la historia quizo repetirse cuando el presidente Iván Duque por medio de la ministra Carmen Vásquez, intentó hacerse de nuevo con el manejo de la totalidad de las fortificaciones de la ciudad, para administrarlos a través de una asociación liderada por la denominada escuela taller naranja.

Pero el tiro le salió por la culta, al gobierno y a la escuela naranja. La posición vehemente del Alcalde Dau y de su equipo jurídico, hizo reversar a la ministra. Pero fue tal la presión del gobierno de Duque que por ley son los propietarios de estas fortificaciones, que  al final alcanzaron a acceder a la administración de tres de las 113 fortificaciones.

La ministra logra también que se acepte un gerente que administre las fortificaciones, el cual  debe ser escogido de común acuerdo entre el Alcalde y el Ministerio de Cultura, y plantea una propuesta para convertir a la Escuela Taller en una entidad mixta. Esto último es una propuesta y no un mandato, y hará parte de un segundo raund con la ministra.

No es cierto entonces que William Dau esté privatizando la arquitectura patrimonial de la ciudad, pues los tres bienes cedidos al ministerio son propiedad de la nación, más no enajenados a favor de particulares.  El alcalde además no puede privatizar lo que no es suyo, porque  los 113 bienes que maneja la Escuela Taller son propiedad del ministerio y no del distrito. Sumado a que los bienes declarados como patrimonio Mundial Cultural por la UNESCO son inalienables.

Lo que hay aquí es una pelea entre el Distrito y el gobierno nacional por el control de las fortificaciones.

Eso si, hay que celebrar que se hayan prendido las alarmas, nada más necesario, porque hay que defender lo público y los intereses de la ciudad frente a los intentos del gobierno nacional de querer apoderarse del manejo de nuestro patrimonio histórico.

 

 

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