Danilo Auza Freite
Las Noticias Cartagena
En enero de 2016 entró en vigencia la Ley 1801, Código Nacional de Policía y Convivencia Ciudadana. Los parámetros del Gobierno Nacional en ese entonces se enfocaron en que su aplicación estaría fundamentada en dos fases, una pedagógica que comprendería exactamente un año y posteriormente a comienzos del 2017 se impondría la medida correctiva y sancionatoria; lo cierto es que, dentro de dos meses la norma ya cumpliría tres años de su ejecución, y aún existen tres municipios del sur de Bolívar donde la aplicación de este código es nula.
Río viejo, Regidor y Norosí son los municipios de Bolívar donde hasta el momento el Código Nacional de Policía no tiene funcionalidad, pero ¿Cuál sería el argumento de las autoridades locales, para hacer caso omiso a la Ley? Para los burgomaestres las respuestas y las excusas pueden ser muchas, pero simplemente se reducen a una sola: “La indiferencia”.
Los alcaldes de esas poblaciones no se han comprometido de lleno con el ordenamiento jurídico (Decreto 1284 de 2017) que básicamente los obliga a suministrarle a la Policía Nacional los elementos logísticos para el desarrollo de sus funciones, en este sencillo caso nos referimos a los talonarios de órdenes de comparendo, que son fundamentales para que por lo menos pueda arrancar la aplicación de la Ley en esas poblaciones, pero hasta el momento los uniformados no cuentan con las comparenderas.
No hay que olvidar otras obligaciones que tienen los mandatarios como son la adecuación de sitios para llevar a cabo las retenciones transitorias de personas y construcciones de centros de protección animal, situación que también debe preocuparle al Gobierno y a la Asamblea departamental, así como también a concejales para que se fundamente la articulación de esfuerzos administrativos que conlleven a mejorar en todos los municipios de Bolívar y del país, las condiciones de aplicabilidad de la citada norma.
Mientras el tiempo pasa, los comportamientos que son contrarios a la convivencia en esos municipios de Bolívar, están a la orden del día, personas realizando necesidades fisiológicas en sitios públicos, riñas callejeras, ganado deambulando por las calles, vertimiento de aguas residuales y vecinos ruidosos son apenas unos pequeños ejemplos de lo que no está siendo controlado y sancionado por las autoridades.
Entre otras cosas las administraciones municipales dejan de recibir recursos por pago de multas pecuniarias en las categorías de tipo I,II,III y IV enmarcadas en el Código; recursos que pueden ser utilizados en el fortalecimiento de la seguridad ciudadana.
Aunque la esencia de este Código se basa en la educación y no en la sanción, es necesario que los bolivarenses tomen conciencia cada día de vivir en comunidad y en armonía, de esta manera se evitan hechos de intolerancia social, que a su vez pueden convertirse en delitos sancionables por la ley penal; en este sentido la Policía Nacional en el departamento de Bolívar ha impuesto 2.766 comparendos a personas que han infringido el nuevo código de Policía que a la postre, no es tan nuevo.
Muchos ciudadanos de esas poblaciones en el sur de Bolívar, aún guardan la esperanza en que, próximamente con la llegada de la navidad, Santa Claus sea quien traiga los talonarios de comparendo a estos municipios, para que de una vez por todas empiece a regir la Ley 1801, porque por parte de los mandatarios locales la ven en chino.