En una diligencia que no se extendió por más de dos horas, el juez primero penal del Circuito, condenó al capitán (r) de la Armada Nacional, Raúl Romero Pabón, conocido como el Depredador Sexual, a 21 años y 9 meses de prisión tras hallarlo responsable de los delitos de concierto para delinquir y explotación sexual comercial agravado.

El histórico fallo, es la primera sentencia que se conoce luego de que la Fiscalía General de la Nación hubiera concentrado todos sus esfuerzos en Cartagena contra la explotación sexual de menores y el proxenetismo. El exoficial Romero Pabón se habría allanado a los cargos que le imputaron en las audiencias preliminares y por haber sido delitos cometidos contra menores de edad no hay rebaja de penas. La audiencia se adelantó en el complejo judicial y una vez culminó, un auto del Inpec volvió a trasladar al exoficial a la cárcel de Sabanalarga donde permanece privado de la libertad.

Las voces de por lo menos tres menores abusadas aportadas por parte de la Fiscalía al proceso fueron suficientes para demostrar la responsabilidad de Romero Pabón. Lo que demostró además el ente investigador es que este exoficial luego de abusar de las niñas las marcaba con un tatuaje tratando de evidenciar sobre la menor una condición de propiedad.

Junto con el capitán Romero Pabón fue capturado John Padilla, el hombre cómplice que tatuaba a las víctimas menores de edad. También fue capturada Hillary Patricia Madero, una mujer de 19 años que ubicaba a niñas para Romero Pabón. Todos tienen medida de aseguramiento en centro carcelario.

El excapitán de la Armada habría abusado de por lo menos unas 25 menores de edad entre los 11 y 16 años. Para tal fín, según la Fiscalía, habría creado cinco cuentas falsas de Facebook y se ganaba la confianza de las infantes. Trascendió además que el Depredador a través de sus abogados pretendía retractarse pero no esta condición no se atendió pues no se presentaron elementos de juicio que evidenciaran que había sido engañada por el Defensor y la Fiscal.

Finalmente, en el fallo, el juez exhortó a la Alcaldía de Cartagena a que reforzara sus políticas públicas en materia de prevención a la explotación sexual infantil en sus escuelas. Las labores por parte de la Fiscalía en contra de estos delitos continúan en procura de contrarrestar el accionar de las redes de proxenetismo en esta capital.

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