Rubén Rodríguez
Las Noticias Cartagena
Un panorama de confusión en el que las cosas no están claras reina en el caso del israelí Lias Tsukrel, presuntamente implicado por la Fiscalía en las redes de proxenetismo desmanteladas en esta capital recientemente.
En menos de 24 horas la justicia cartagenera dio un giro a un derecho que, como el habeas corpus, avocó la defensa del extranjero para que quedara en libertad y se decidió entonces privarlo de dichas garantías hasta tanto no se resuelvan de fondo acciones de tutelas y reclamaciones que han sido presentadas tanto por la Procuraduría General de la Nación como la Fiscalía.
En este maremágnum de ideas y conceptos legales todos creen tener la razón. Erick Urueta Benavides, presidente de la Veeduria de la Rama Judicial, Vejuca, aseguró que durante las audiencias se dio el escenario perfecto para que la administración de justicia actuara en derecho como efectivamente sucedió.
Cinco fueron los motivos expuestos, entre ellos, el más importante el que una entidad como la Fiscalía no tenga en cuenta que a un procesado se le debe atender en su lengua natal. En su momento, al israelí, según su abogado, solo llegó el traductor para la legalización de captura e imputación de cargos y en la medida de aseguramiento no estuvo presente; es decir, el ciudadano no escuchó que sería privado de la libertad en su idioma natal. Una situación que ya es recurrente en esta capital y que se había evidenciado en un proceso anterior con un ciudadano chino y no se contaba con un traductor.
Ante la situación del israelí, la respuesta de la Fiscalía no se hizo esperar. Argumenta el ente investigador que el ciudadano extranjero, a través de su defensa, presentó un habeas corpus sin que se agotara una diligencia previa a la que debía ser notificada en debida forma la Fiscalía General de la Nación, cosa que no ocurrió.
Según la Fiscalía, el habeas corpus se basó en la inasistencia de un traductor oficial que, efectivamente, si acompañó en buena medida las diligencias de legalización de captura del individuo, la imputación y el aseguramiento intramural de privación de libertad. La Fiscalía anunció entonces que, ante tales hechos, se vendrá una investigación para la justicia cartagenera por parte de la Unidad Anticorrupción de este organismo.
Al rechazo de la Fiscalía se unió entonces la voz de la Procuraduría y ambas entidades entablaron acciones legales tendientes a que se frenen todos los derechos invocados por la defensa del ciudadano israelí que a todas luces están claros por parte de la administración de justicia. Las leyes, según la veeduría de la Rama Judicial, deben aplicarse sin distingo de raza o condición sexual y bajo autonomía e independencia. Asegura Urueta que hay una presión por parte de la Fiscalía que pueden llegar a ser violatorias de los derechos fundamentales y constitucionales.
El israelí tiene la palabra
En entrevista concedida a Caracol Radio, el ciudadano israelí, a través de un traductor, dijo que llegó a Cartagena después de un tour por América Latina, porque la región le pareció “muy interesante”; sin embargo, reconoció que su deseo no era radicarse en Colombia. Aclaró que no consume licor, ni cigarrillo, ni drogas.
Dijo que se hospedó en un sitio en Cartagena donde solían llegar mujeres, no menores de edad, y que él solo hacia los mandados. El extranjero explicó que no desea salir del país porque quiere demostrar su inocencia. Y finalmente precisa que él no puede ser vinculado al caso que se le sigue a Liliana Campos Puello, conocida como la Madame, pues son dos investigaciones y dos casos distintos. La novela del israelí aún no conoce final y se espera entonces que sean resueltos los recursos presentados por parte de la Fiscalía y la Procuraduría para que el proceso avance.