Rubén Rodríguez
Las Noticias Cartagena
Ante un crítico panorama que se convierte en una amenaza constante para el medio ambiente y una cada vez más desesperante movilidad en las ciudades del país, el abogado Joaquín Torres, al igual que un mago, ‘sacó de su sombrero’ una acción legal, en nombre de los niños de Colombia, con la que busca frenar la venta y matrícula de vehículos y motos a nivel nacional.
La acción legal, según el abogado, pretende congelar la inscripción de carros y motos impulsados por combustible fósil y serán nuevamente matriculados solamente cuando se tome de manera efectiva el proceso de chatarrización y sea remplazado por un vehículo eléctrico o por un combustible que sea amigable con el medio ambiente.
Torres es recordado porque hace 11 años logró que en las cajetillas de cigarrillos se colocara en Colombia el aviso de ‘El tabaco es nocivo para la salud’ y ahora pretende hacerle frente a un problema que crece como una verdadera bola de nieve y que, según él, rueda sin freno alguno.
Luego de dos años de estudio y tomar como un gran cimiento la investigación adelantada por Ómar Franco con relación a el ‘Inventario Nacional de Emisiones de Gases Efecto Invernadero’ en el que se demostró que en los últimos 20 años aumentó en un 15 % las emisiones de CO2, el abogado fundamentó una acción de tutela con la que está promoviendo el hecho de que los colombianos tomen consciencia frente a los graves problemas medio ambientales que se vienen afrontando.
El análisis estableció, en su momento, que mientras en 1990 Colombia emitió a la atmósfera 245 millones de toneladas de gas carbónico, en 2012 emitió 258 millones de toneladas. Frente a una crítica situación como esta, Torres precisó, que ha solicitado a través de la acción legal que se congele la matrícula de carros y motocicletas nuevos.
“En Colombia ya no caben los carros en las vías y el pico y placa está comprobado que es una herramienta incipiente frente a los problemas de movilidad”, precisa el abogado quien señala que en el fondo de la situación se plantea el que estado colombiano se sostiene de los elevados impuestos que cobran por los automotores y motocicletas que se matriculan.
A juicio del abogado, esto habría hecho que el Estado cerrara los ojos ante dos graves problemas que se vinieron encima. El primero es el desastre ambiental con el que el país está ‘colaborando’ de manera alarmante para acelerar el llamado Efecto Invernadero y la ruptura de la capa de Ozono.
Un segundo punto a tener en cuenta, según resalta Torres, es que nunca se ha tenido previsto por algún gobernante en el país que los carros solo pueden matricularse si un estudio permite establecer si se cuenta con el número de vías para que estos puedan circular.
“Ciudades como Medellín están regulando de manera drástica la movilidad automotriz. Primero por el problema grave que tienen y, segundo, porque está comprobado que ya están viendo que el medio ambiente se está afectando”.
A este problema se le suma, según Torres, el que el 67 % del parque automotor en el país no cuentan con revisión técnico -mecánica; es decir, además de que contaminan, ni siquiera se les controla el volumen de emisiones de gases. “Tenemos un estado extremadamente negligente y desinteresado en el cuidado del ambiente”. Adicionalmente, el 54 % de los vehículos no cuentan con Seguro Obligatorio en contra de accidentes de tránsito.
El jurista ve con preocupación el hecho de que la costa sea la pionera en incumplimiento de revisiones técnico- mecánicas para proteger el medio ambiente. A nivel nacional las ciudades más contaminadas son Medellín y Bogotá; mientras que en la región caribe son Barranquilla y Cartagena.
Una acción legal en pro de los niños
Torres argumentó que pretende tutelar el derecho a un medio ambiente sano al que tienen derecho los niños porque, según el abogado, cuando ellos sean adultos posiblemente no van a tener un espacio limpio para respirar, ni como movilizarse.
Frente a esta situación, la tutela fue denegada en primera instancia por el Juez Primero Administrativo del Circuito en la capital de la República sin que el togado se pronunciara con relación al meollo del asunto sino que, según él, le dijo que él no debía representar los intereses de los niños de Colombia.
“El artículo 44 de la Constitución Política dice que es deber del Estado, de la Familia y de la Sociedad proteger a los niños frente a cualquier situación que les genere riesgo a su vida, a su salud o a su integridad”. A juicio de Torres el togado se abstuvo de pronunciarse con relación al meollo del asunto porque, según él, se estaría ‘atentando’ contra los intereses del Estado.
En este momento, el abogado, precisó que ya presentó la impugnación a la misma y está en curso en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. “El fallo de segunda instancia será interesante porque me estoy apoyando en sentencias de la Corte Constitucional que reiteradamente a dicho que hay derecho de que cualquier persona en Colombia pueda representar a los niños mediante una acción de tutela”.
Ante un panorama como este y de llegar a ser fallada en contra, el abogado Torres, determinó que está dispuesto a ir ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que el Estado Colombiano sea obligado a proteger estos derechos.
Ambientalistas
El abogado y ambientalista, Rafael Vergara Navarro, ve con buenos ojos la medida, teniendo en cuenta que se tendría que enfatizar en el proceso de chatarrización para que el parque automotor se renueve a tecnología menos contaminante, híbridos o eléctricos.
Sin embargo, aclara que tendría más sentido limitar el flujo vehicular en sectores o en ciudades de acuerdo a condiciones geográficas o con su tamaño e infraestructura. Lo único que disminuye la mayor cantidad de vehículos circulando es un excelente servicio público o políticas de picos y placas, o de premios o conciencia de compartir el vehículo.
“Pienso que la regulación del número de vehículos tiene más viabilidad si se tutela el tiempo de obsolescencia y la chatarrización obligatoria. Así podría ejercerse un control a que no se desboque la cantidad de autos”.
Fenalco tiene la palabra
Después de un cierre de 2017 en el cual no se cumplieron las previsiones de ventas de 255.000 vehículos nuevos, Fenalco-Andi, organizaciones gremiales que presentan el informe mensual del comportamiento del sector, señala que en enero de 2018 se matricularon 16.399 vehículos, una cifra que decreció 4,7% frente al mismo mes de 2017; siendo este el segundo año del último quinquenio donde menos unidades se matricularon, después de 2016, que alcanzó la cifra de 16.790.
En el Departamento de Bolívar, en este mismo mes se matricularon 372 unidades que representa el 2.3 % del total de mercado, mientras que en enero de 2017, se matricularon 416, lo que indica una disminución del 10.6%. De dicho total, Cartagena aportó 256 matrículas y el resto Turbaco y otros municipios del norte del Departamento. Vale señalar que en el Distrito se matricularon 11 vehículos más que en el 2017.
“En Bolívar el primer mes del año se matricularon menos vehículos que el 2017, cuando se alcanzó la cifra de 416, correspondiendo en ese momento al 2.4% del total nacional y hoy con los 372 alcanzamos una participación del 2.3 % del mercado. Ello nos muestra un duro inicio de año para el sector pero confiamos en que este resultado se revierta y mejore la confianza del consumidor”, indicó Mónica Fadul Directora Fenalco Bolívar.