El Sindicato de la Electricidad de Colombia (Sintraelecol), subdirectiva Bolívar, desmintió las malintencionadas afirmaciones hechas por el agente interventor de Electricaribe, Javier Lastra Fuscaldo, quien afirmó que el Juzgado 15 Penal de Cartagena lo obliga a cancelar ilegalmente unas acreencias laborales.
Gleyder Barrios Ponton, presidenta de Sintraelecol Bolívar, informó que este debate judicial viene desde el año 2011, por el continuo y permanente desconocimiento de los de derechos laborales por parte de la empresa Electricaribe, derechos que fueron reconocidos mediante sentencia, la cual además fue objeto de revisión por la misma Corte Constitucional que ha sido enfática en establecer que la empresa desconoce con su actuar los derechos de asociación, entre otros.
Aunque esta sentencia data de una fecha previa a la intervención de la empresa, vulneraron a los trabajadores por tratarse de derechos íntimamente ligados a los contratos laborales que son de tracto sucesivo, situación que la empresa ha desatendido totalmente por mera terquedad de su asesor jurídico, y mala fe para con los trabajadores. Así, la empresa Electricaribe se negó a actualizar el salario de los empleados con el Índice de Precios al Consumidor (IPC), de los años 2011 y 2012, mostrando una clara discriminación ya que a los trabajadores corporativos (no sindicalizados) si le realizó su respectiva movilidad salarial.
“En ese momento sólo salimos a buscar un derecho justo como lo es aumento del IPC, pero hoy seguimos siendo víctimas de este desconocimiento y discriminación, ya que el salario de los empleados sindicalizados se encuentra congelado desde el año 2016”, dijo.
Recalcó que el cumplimiento de este fallo judicial es total responsabilidad de la firma asesora del señor Fuscaldo, y no de los trabajadores de la Subdirectiva Bolívar, “pues buscamos acercamientos y mostramos nuestra voluntad de llegar a un acuerdo en cuanto al valor del pago de la mencionada tutela y después de lograr un preacuerdo, la firma le recomendó al agente interventor, Lastra Fuscaldo que siguiera desconociendo el fallo.
La Presidenta de Sintraelecol Bolívar indicó que señor Lastra Fuscaldo da a entender que se trata de un fallo ilegal por parte del Juez Quince Penal, “pero no es más que otra artimaña para dilatar el cumplimiento de una orden judicial que ya no da más espera, incurriendo de esta manera en el delito tipificado como ‘fraude a resolución judicial’ con todas las implicaciones penales del caso”.
“Nos llama mucho la atención la nómina paralela a la nuestra. Es una nómina creciente de directivos que entró a operar desde la intervención de la empresa, con salarios exorbitantes, mayores a los de un congresista, al igual que cargos innecesarios. Además, aumentos salariales en más de un 50%, incrementos sustanciales en los contratos, en una empresa que fue intervenida por problemas de flujo de caja, mientras que a los trabajadores rasos nos tienen en la mera precariedad de nuestro salario, y congelado desde el año 2016”, subrayó.
“Hoy le preguntamos al señor Lastra Fuscaldo porque los multimillonarios pagos que ha hecho a la firma asesora Chapman y Cía., no las ha invertido mejor en mantenimiento de subestaciones, compra de transformadores para mejorar el servicio de energía en la Costa Atlántica y pagarle a los trabajadores una mísera actualización salarial”, precisó.
“La crisis de energía por la que atraviesa la Costa Atlántica solo es responsabilidad de la Superintendencia de Servicios Públicos, quien tiene como obligación la supervisión de la prestación de los servicios públicos. Este ente por más de 15 años se hizo el de la vista gorda ante tanto abuso de la multinacional española Gas Natural, dueña de Electricaribe”, puntualizó.