Hace pocos minutos se conoció que el fiscal general de la nación, Néstor Humberto Martínez, presentó su carta de renuncia en rechazo de la reciente decisión de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de no extraditar a Seuxis Paucis Hernández, alias Jesús Santrich.

El exjefe guerrillero, quien lleva más de un año en la cárcel tras ser acusado de participar en un presunto envío de cocaína a Estados Unidos, será investigado y juzgado en Colombia y en la decisión, conocida por este diario, se ordena al ente investigador darle libertad inmediata al exjefe guerrillero, que hoy es congresista.

La JEP tenía que determinar si los supuestos hechos delictivos fueron cometidos después de la firma del Acuerdo y, para Martínez Neira, “los hechos son concluyentes, las pruebas son inequívocas, los hechos ocurrieron después del 1 de diciembre 2016”. Asegura que «por ello he presentado renuncia irrevocable al cargo de Fiscal General de la Nación y exhorto a la ciudadanía a movilizarse con determiancion por el restablecimiento de la legalidad en Colombia y la defensa de la paz. En un marco de justicia especial que exhale confianza para todos los colombianos  y no para unos pocos. Y particularmente para todas las víctimas del conflicto».

El siguiente es el comunicado del hoy exfiscal Martínez

Progresivamente se consolida en Colombia un estado de cosas antijurídico que conjura
contra el estado de derecho y expone a la sociedad frente al crimen, en medio de las
advertencias de la Fiscalía General de la Nación. En el futuro la reincidencia en el
secuestro y la extorsión, entre otros delitos, podrá convivir con los privilegios de la justicia
transicional; en adelante los delitos permanentes de narcotráfico no podrán ser
investigados por la justicia ordinaria y se juzgarán por la JEP con un sistema de beneficios,
pese a que el colectivo social está amenazado como nunca por el cultivo y tráfico ilícito
de drogas; las facultades de investigación de la Fiscalía respecto de los crímenes ocurridos
durante el conflicto quedaron emasculadas y se abrió una puerta falsa para restringir la
extradición. ¡¡¡Todo esto en nombre de la paz!!!.

Por si fuera poco, de acuerdo con las informaciones de prensa –dado que la Fiscalía no ha
sido formalmente informada- en el día de hoy la Sección de Revisión del Tribunal para la
Paz adoptó una decisión que desafía la evidencia aportada por Estados Unidos y por esta
Fiscalía; hace trizas la cooperación judicial internacional; desdice de las obligaciones
contraídas por Colombia en los tratados internacionales sobre la materia; confronta
abiertamente la Constitución Política (art. 19, A.L. No. 1 de 2017) y, lo más grave,
destruye la muralla que construyó el Acuerdo de Paz entre la reinserción y el narcotráfico,
cuya promiscua relación constituye una amenaza para la democracia.

Este desafío al orden jurídico no puede ser refrendado por el suscrito. Mi conciencia y mi
devoción por el Estado de Derecho me lo impiden. Por ello he presentado renuncia
irrevocable al cargo de Fiscal General de la Nación.

Exhorto a la ciudadanía a movilizarse con determinación por el restablecimiento de la
legalidad y la defensa de la paz, en un marco de justicia especial que exhale confianza
para todos los colombianos y no para unos pocos y, particularmente, para todas las
víctimas del conflicto.

NÉSTOR HUMBERTO MARTÍNEZ NEIRA

 

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