La Procuraduría General de la Nación sancionó con destitución e inhabilidad por 15 años al exgobernador de Córdoba, Alejandro José Lyons Muskus
La Procuraduría General de la Nación destituyó e inhabilitó por 12 años al gobernador de Sucre, Julio César Guerra Tulena (2012 – 2015), por modificar arbitrariamente y sin publicidad las condiciones de experiencia para participar en la adjudicación de un contrato que superó los $3.853 millones de pesos.
El Ministerio Público comprobó que el 20 de marzo de 2013, horas antes del cierre del proceso de selección abreviada SA 005-2013, el gobernador de Sucre expidió la Adenda 01, que modificó la experiencia que debían certificar los proponentes e impuso la exigencia de un contrato en capacitación a población vulnerable, por un valor mínimo de $27.600.000.
De acuerdo con la investigación, la variación de la experiencia específica adicional no contó con motivación, ni garantías de que la misma fuera conocida o controvertida por los interesados en participar en la selección abreviada.
Al proceso sólo se presentó la Fundación Pro-San Juan, representada por María Caridad Pérez Dancur, que obtuvo el contrato por $3.853´395.586,56, para “Prestar servicio para la ejecución de los proyectos de atención integral a la primera infancia para el mejoramiento de su calidad de vida en los municipios de San Marcos, Morroa, San Benito y Ovejas departamento de Sucre y el apoyo alimentario y nutricional a niños y niñas, pertenecientes al programa de hogares comunitarios de bienestar de los municipios de Sincelejo, Corozal, San Marcos, Sucre y Tolú departamento de Sucre”.
Para el Ministerio Público con su conducta Guerra Tulena vulneró el principio de transparencia (numerales 2 y 7 del artículo 24 de la Ley 80 de 1993), el principio de libre concurrencia desarrollado por la Corte Constitucional y las funciones del gobernador, contempladas en los numerales 1º y 2º del artículo 305 de la Constitución Política.
La falta del disciplinado fue calificada como gravísima (numeral 31 del artículo 48 de la Ley 734), a título de culpa gravísima por desatención elemental.
En su decisión la Procuraduría rechazó la solicitud de la defensa encaminada a la declaratoria de incapacidad mental definitiva del gobernador, por considerar que cuando se cometieron los hechos Guerra Tulena gozaba de sus condiciones mentales plenas.
El fallo podrá ser apelado para que sea revisado por la Sala Disciplinaria.
Destituido e inhabilitado exgobernador de Córdoba, Alejandro José Lyons Muskus
La Procuraduría General de la Nación sancionó con destitución e inhabilidad por 15 años al exgobernador de Córdoba, Alejandro José Lyons Muskus, por irregularidades relacionadas con la adjudicación de cuatro convenios de cooperación para ciencia y tecnología por más de $85.700 millones de pesos, financiados con recursos del Sistema General de Regalías.
El órgano de control comprobó el interés indebido del disciplinado para sacar provecho propio de los convenios No. 733 de 2013, proyecto de aplicación de ciencia, tecnología e innovación en carneros para mitigar efectos de los TLC por valor de $16.018.518.519; 734 de 2013, de investigación sobre el corredor agroecológico caribeño (Córdoba – La Guajira) en la cuenca del rio Sinú, por $47.561.015.997; 735 de 2013, de investigación en recursos hidrobiológicos del Caribe colombiano por $14.115.823.009, y 755 de 2013, de investigación y desarrollo aplicado de un modelo experimental para el manejo productivo y sostenible de los sistemas agroforestales por $8.078.373.937.
La Entidad estableció que el exgobernador, el exdirector de Regalías, Jairo Alberto Zapa Pérez, y el representante de las entidades cooperantes, Jesús Eugenio Henao Sarmiento, se reunieron para acordar comisiones a cambio de la celebración de los convenios. Dicha comisión se fijó en $12.000 millones de pesos pagaderos proporcionalmente según los desembolsos que se entregaban al contratista.
En este sentido, la Procuraduría declaró probados los tres cargos formulados a Lyons Muskus, el primero relacionado con interés indebido en la celebración de contratos, comportamiento que a juicio del ente de control estuvo dirigido a satisfacer intereses propios y de terceros, con la finalidad de obtener provecho económico, tomando distancia de los fines de la contratación estatal.
“Para el despacho ello se cumple desde el instante en que Lyons Muskus acordó con Zapa Pérez, su delegado en temas de Regalías, traer personas desconocidas en el ámbito de la ciencia y la tecnología, sin ningún reconocimiento nacional, para que desarrollaran los cuatro proyectos aquí examinados entregando la elaboración, formulación y sustentación ante Colciencias. Interés que se acrecienta en la medida que avanzan los acuerdos hasta la celebración y ejecución de los negocios jurídicos acá relatados”, advirtió el fallo de primera instancia.
La Procuraduría también evidenció la falta de experiencia y conocimiento por parte de las entidades cooperantes cuando decidieron subcontratar la mayoría de las actividades que debían desarrollar, situación que quedó probada en el análisis efectuado por la Contraloría General de la República en su informe de auditoría especial.
En el segundo cargo, el ente de control cuestionó al exgobernador de Córdoba un incremento injustificado de su patrimonio y el de terceras personas con la celebración y ejecución de los cuatro convenios de ciencia y tecnología de manera directa, sin ningún proceso previo de selección.
Entre el material probatorio que permitió declarar probado el cargo está la confesión hecha por Lyons Muskus ante la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría, sobre el acuerdo para la asignación de los convenios a cambio de un porcentaje de los recursos destinados a los proyectos.
El exgobernador reconoció haber recibido un pago por valor de $1.900 millones de pesos del representante de las entidades cooperantes, Jesus Eugenio Henao Sarmiento, a través de Sami Spath Storino.
En un tercer cargo, el Ministerio Público advirtió que existió concierto para delinquir, teniendo en cuenta que el disciplinado, estando en ejercicio de sus funciones, decidió concertarse con otras personas y servidores con el propósito de cometer delitos contra la administración departamental.
Entre las pruebas que llevaron al órgano de control a esta conclusión, está la confesión del exmandatario departamental, quien afirmó tener acuerdos previos con el senador Musa Besaile Fayad, para repartirse las exigencias ilícitas de dineros estatales a los contratistas con los que la administración departamental ejecutaría los proyectos de ciencia y tecnología; y con Jesus Eugenio Sarmiento (representante de las entidades cooperantes) y Jairo Alberto Zapa Pérez (exdirector de Regalías), para apropiarse ilícitamente de estos dineros.
Así mismo, se acreditó que dentro del plan para apropiarse de manera ilícita de  los recursos provenientes de las regalías estaba la creación de la Corporación Centro de Investigación y Enseñanza Agroecológica (Ceniagroecológico), entidad sin ánimo de lucro, constituida y representada legalmente en principio por Jesús Emilio Henao, en cuyo nombre se crearon cuentas bancarias para hacer efectivas las transferencias de los dineros.
Para tipificar las faltas, la Procuraduría tuvo en cuenta que Lyons Muskus aceptó su responsabilidad en los hechos y dio muestras de arrepentimiento por los delitos cometidos. El órgano de control reconoció que con sus declaraciones y colaboración logró establecer la responsabilidad de otros funcionarios públicos comprometidos en actos de corrupción en el departamento.
“Para este Despacho el arrepentimiento del servidor público y su disposición para que se alcance la verdad con su colaboración para el esclarecimiento de otras responsabilidades, es el primer cimiento del resarcimiento social al que está llamado por los pilares éticos que fundan la relación legal y reglamentaria derivados de la moralidad administrativa”, indicó el fallo.
El exgobernador rindió versión libre ante le Procuraduría los días 26 de febrero, 27 y 28 de agosto de 2018 en la sede del Consulado de Colombia en Miami (Estados Unidos), donde corroboró, bajo la gravedad de juramento, lo dicho en sus declaraciones en la Fiscalía Tercera Delegada ante la Corte Suprema de Justicia con el objetivo de obtener un principio de oportunidad.
El órgano de control calificó definitivamente las faltas cometidas por el disciplinado como gravísimas a título de dolo.
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